Guardia Civil un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

Guardia Civil un grupo criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual

La operación “ASISTENTES” ha permitido la liberación de 13 víctimas y la incautación o bloqueo de más de dos millones de euros en bienes, productos financieros y un total de 27 vehículos, uno de los cabecillas fue detenido en Venezuela gracias al apoyo del Cuerpo de Policía Judicial de su país.

Seis personas han sido detenidas como autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en Salamanca dedicado a la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres. La operación “ASISTENTES” llevada a cabo por la Guardia Civil se ha saldado con la detención de seis personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Los arrestos han tenido lugar en las provincias de Salamanca, Valencia y Toledo, y en Venezuela, país en el que se detuvo a uno de los líderes de la banda, con la colaboración del Cuerpo de Policía Judicial de este país. Los ocho registros ejecutados en viviendas de Salamanca han permitido la liberación de 13 víctimas y la incautación de 2.115.877,07 euros en bienes, 214 productos bancarios, 105 productos financieros y 27 vehículos.

La organización criminal estaba compuesta por ciudadanos de diversas nacionalidades que se dedicaban a engañar a mujeres en sus países de origen, especialmente Venezuela, donde se encontraba el principal captador de la organización. Ya en nuestro país eran informadas de la generación de una deuda con la organización, que sólo podían saldar mediante el ejercicio de la prostitución. Los locales donde estaban las víctimas en régimen de semiesclavitud eran regentados por la organización, que las amenazaba con atentar contra la vida de sus familiares en el país de origen.

Los miembros de la organización tenían sus funciones perfectamente delimitadas, desde el máximo responsable, pasando por el captador y los transportistas de las víctimas. Las trabajadoras de los clubes actuaban de controladoras e informadoras de las actividades de todas las mujeres que ejercían la prostitución en los clubes vigilados. De forma paralela, la organización contaba con ocho empresas usadas para el blanqueo de los capitales obtenidos. Los integrantes de la red desarticulada adoptaban medidas de seguridad extraordinarias, utilizando varios números de teléfono para obstaculizar las investigaciones policiales y variando itinerarios en sus desplazamientos para detectar posibles vigilancias.

Se han llevado a cabo un total de ocho registros en diversas propiedades y establecimientos públicos de la provincia de Salamanca. Como resultado se han liberado 13 víctimas y se han incautado y bloqueado un total de 2.115.877,07 de euros en bienes, 214 productos bancarios, 105 productos financieros y 27 vehículos.

De forma paralela, se han incautado 10.346 euros en billetes de curso legal, tres ordenadores portátiles, numerosos teléfonos móviles y piezas de joyería en oro, tres armas de fuego cortas desmontadas en piezas, abundante munición de arma corta, y otras armas como bastones estoque, puños americanos y navajas.

La operación se ha saldado con la detención o investigación de un total de cinco hombres y cuatro mujeres de entre 22 y 65 años de edad, como supuestos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

El cabecilla de la organización y el captador de las víctimas permanecen en prisión preventiva. Éste último lo hace en una prisión de Venezuela, a la espera de la decisión de las autoridades venezolanas sobre la solicitud de extradición a España.

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    En los 25 registros simultáneos practicados en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Badajoz se ha detenido a 22 personas y se han desmantelado 8 plantaciones de marihuana y se han aprehendido 10.500 plantas y 250 kilos de cogollos empaquetados y preparados para su venta

    Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el marco de la Operación ”Farmers-Bambusa” desarrollada en la Comunidad Autónoma de Madrid y la provincia de Badajoz, han detenido a 22 personas como presuntos autores de delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Los detenidos conformaban un grupo delictivo dedicado al cultivo indoor de marihuana para su posterior tráfico a diferentes países europeos.

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    Cada célula, una vez que acordaba y recibía el dinero del cliente correspondiente, contactaba en la provincia de Badajoz con un clan familiar que había construido una red de invernaderos y cultivos indoor de marihuana, y que les servía el estupefaciente. Para hacerse una idea del volumen del negocio ilícito, se destaca que en una sola semana el comprador venido de Madrid a Mérida, podía adquirir marihuana valorada en unos 300.000 euros.

    Este clan familiar se encontraba perfectamente estructurado con roles muy definidos: el cabecilla de la organización contaba con diferentes personas de la familia a su servicio y dedicadas a la creación de invernaderos en el interior de diferentes inmuebles. Estas instalaciones contaban con enganches ilegales a la red eléctrica con el objetivo de obtener energía para los múltiples aparatos, máquinas, transformadores y material -cuantificables en decenas de miles de euros- para el cultivo y desarrollo de las plantas. También contaban con cuidadores y guardadores del cultivo, a quienes les ofrecían vivir en los citados inmuebles a cambio de ciertas cantidades de dinero.

    Una vez que las células recogían el estupefaciente, era transportado a Madrid, donde la organización disponía de estructuras estables de pisos, garajes y almacenes en los que la depositaban, procesaban, envasaban y camuflaban entre otros objetos de procedencia legal, para ser enviadas al extranjero de forma inmediata y en un plazo inferior a 24 horas. De esta forma la droga permanecía.

    Ante estos hechos y pruebas incriminatorias obtenidas durante un año de investigación, el pasado 23 de enero se llevaron a cabo 25 registros simultáneos practicados en domicilios, garajes y naves de Madrid y Parla así como en las localidades pacenses de Mérida, Arroyo de San Servan, Santa Amalia y Conquista del Guadiana. Además, se ha detenido a 11 ciudadanos chinos y 11 españoles, se han desmantelado 8 invernaderos indoor y los agentes han incautado 10.500 plantas y 250kg kilogramos de cogollos de marihuana, empaquetados y preparados para su venta. Por otro lado, se han intervenido tres vehículos utilizados por la organización, 195.000 euros en efectivo y 6 escopetas.

    Los registros se desarrollaron de forma conjunta con el despliegue de más de 250 agentes de la Comisaría de Parla y la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional; de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz; las USECIC de las Comandancias de la Guardia Civil de Badajoz y Cáceres, GRS de Madrid y Sevilla, apoyados por el Servicio Aéreo de la Guardia Civil de Sevilla y perros adiestrados en búsqueda de sustancias estupefacientes de ambos Cuerpos.

    A cinco de los detenidos se les ha decretado prisión eludible bajo fianza entre 3.000 y 10.000 euros, los restantes están en libertad con cargos. La operación, que ha estado tutelada por el Juzgados de Instrucción número 4 de Parla (Madrid), sigue abierta, con el objetivo de la localización y detención de otros integrantes de esta organización criminal.

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    Dentro del apartado de personal es igualmente destacable la incidencia que tiene la mejora retributiva de los empleados públicos prevista para 2019 (2,5% más), por un importe total de 153,88 millones de euros.

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    Dentro de los gastos de personal de la Secretaría de Estado de Seguridad se incluye la consolidación de los 310 millones de la primera fase de la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos y un aumento de 250 millones para cubrir la segunda fase.

    Asimismo, y como muestra del compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género, destaca el aumento de la dotación correspondiente a las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se incrementa en 45,40 millones de euros, dentro de los que se incluyen un refuerzo de 170 especialistas.

    Como refuerzo a las inversiones del presupuesto, son parte fundamental de la línea de acción de la Secretaría de Estado los planes de mejoras de las infraestructuras aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 18 de enero que se gestionarán a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). Este paquete de medidas supone una inversión total de 850 millones, de los que 600 se destinarán a la construcción y reforma de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil, y 250 millones se destinarán a reformar los Centros de Internamiento de Extranjeros (33 millones) y más de 50 centros penitenciarios (217 millones).

    El presupuesto de la Dirección General de Policía para 2019 crece un 5,73% y asciende a 3.195 millones de euros.

    El presupuesto destinado a inversiones, 28.439.030 euros, se dedicará a que los miembros de la Policía Nacional cuenten con más y mejores medios (chalecos, armamento y equipos).

    Los presupuestos de la Guardia Civil para el ejercicio 2019 ascienden a 3.016 millones de euros. Esto supone 241,3 millones de euros de incremento, un 8,7% respecto a 2018.

    El esfuerzo económico más significativo se concentra en los créditos vinculados al personal, que aumentan en 240,5 millones de euros (10,01 %).

    En cuanto a aeronaves, está contratada la construcción de un avión ligero, por importe de 8.489.700 euros financiado con fondos europeos, y un expediente de repuestos de aeronaves, por 2,9 millones de euros también con fondos europeos.

    El presupuesto de Instituciones Penitenciarias para 2019 asciende a 1.196 millones de euros, lo que supone un aumento del 3% respecto a 2018.

    Es importante destacar, en el ámbito laboral, las cuentas de la Entidad Estatal de Trabajo Temporal y Formación para el Empleo (TPFE), que tiene previsto ofrecer un puesto de trabajo remunerado a 13.000 internos y dar formación a otros 16.000. En 2019 recibirá un 11,8% de su presupuesto de las arcas públicas. El resto (el 88,2% de los ingresos) los generará con sus propios recursos.

    El proyecto de presupuesto de la Dirección General de Tráfico cuenta con una dotación de 807,7 millones de euros, el mayor de los últimos nueve años.

    Los principales objetivos con que se movilizan los recursos contemplados por los presupuestos son la disminución del número de víctimas y accidentes, junto a una adecuada gestión del tráfico para garantizar la movilidad. En línea con estas prioridades, están presupuestados 11,5 millones de euros para campañas de información y divulgación dedicadas a explicar a la ciudadanía los cambios normativos que se producirán en 2019 en materia de tráfico y seguridad vial.

    Para asegurar una mayor vigilancia y presencia de agentes en las carreteras, durante este año la plantilla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se va a incrementar en 200 nuevos agentes, en contraste con la pérdida de personal de los últimos seis años, cifrada en 850 efectivos menos.

    Por último, se mantiene en 500.000 euros la dotación presupuestaria para subvenciones a asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, organizaciones imprescindibles en materia de concienciación sobre seguridad vial.

    El presupuesto de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias asciende a 14,68 millones de euros. El incremento es de 141.210 euros como consecuencia de las mejoras retributivas del personal funcionario.

    La atención, el apoyo y el compromiso con las víctimas del terrorismo continuará siendo uno de los ejes prioritarios del Ministerio del Interior.

    En el proyecto de presupuesto para 2019 se contempla un incremento en las dotaciones de la subvención a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, y de las subvenciones derivadas de la aplicación de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, para asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que tienen como finalidad la defensa y la representación de las víctimas del terrorismo.

    El primero de estos créditos pasará a ser de 1,7 millones de euros (un 3,03% más). En cuanto a las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, asciende a 960.000 euros (3,23% más), para mejorar la atención a las víctimas, apoyar los movimientos asociativos y fundacionales del colectivo de víctimas y potenciar la concienciación social contra el terrorismo y la acción violenta.

    Por su parte, la dotación de la subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo, con 335.000 euros, no experimenta variación respecto a 2018. También se mantiene sin cambios el crédito destinado a indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, dotado con 13,59 millones de euros.

  • La Guardia Civil incauta 71 armas ilegales en un taller clandestino de Toledo

    El propietario del taller, un hombre de 73 años, ha sido detenido en la localidad de Borox en Toledo, Se ha intervenido el mayor depósito ilegal de armas de fuego en Castilla La Mancha: 71 armas de fuego, 47 cañones para arma corta, 33 silenciadores y 11.753 cartuchos.

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    Un hombre de 73 años ha sido detenido por estos hechos, como presunto autor de tres delitos: depósito ilegal de armas, depósito munición y tráfico de armas. Además de las armas de fuego, el detenido tenía en su domicilio 47 cañones para arma corta, 33 silenciadores y 11.753 cartuchos. Se trata de la mayor intervención de armas ilegales llevada a cabo en Castilla La Mancha.

    Los hechos se inician el pasado 11 de enero, cuando una patrulla del Puesto de Seseña encuentra una bolsa en el interior del coche del detenido que contenía dos revólveres y dos silenciadores. Trasladados hasta su domicilio en la localidad de Borox, la Guardia Civil descubre que esta persona tenía más armas ilegales en disposición de disparar. Un total de 46 armas de fuego y 3 silenciadores son incautados en esta primera actuación.

    Posteriormente, Grupo de Información de la Guardia Civil de la Comandancia de Toledo, desarticula el taller clandestino de armas propiedad del detenido. El taller estaba dotado de un torno, una máquina de soldadura eléctrica, dos taladros de columna y una máquina pulidora de metal. Además, contaba con múltiples herramientas y útiles para llevar a cabo las manipulaciones, como brocas, fresas y útiles adecuados para el montaje y desmontaje de las armas de fuego. En esta segunda intervención, se incautan otras 22 armas cortas y una carabina de calibre 22, 47 cañones para arma corta, 28 silenciadores, 11.753 cartuchos y 48.000 euros.

    El detenido utilizaba procedimientos habituales para conseguir de forma ilícita armas de fuego a través de la transformación de armas detonadoras y la rehabilitación de armas inutilizadas, dotándolas de capacidad de realizar fuego real. Además, también fabricaba completamente armas de fuego.

    De hecho, del total de las armas de fuego incautadas, 20 armas son detonadoras transformadas para realizar fuego real, 17 son armas inutilizadas y posteriormente rehabilitadas para su normal funcionamiento, y 16 son armas de fabricación artesanal con el mismo fin. Entre las armas intervenidas, se encuentra un revolver de juguete fabricado en baquelita, al que el detenido realizó las transformaciones necesarias para efectuar fuego real.

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