Torrejón aprueba actuaciones de apoyo a los vecinos que sufren problemas por la ocupación

Torrejón aprueba actuaciones de apoyo a los vecinos que sufren problemas por la ocupación

El Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprobó el 25 de abril actuaciones de apoyo a los vecinos que sufren problemas por la ocupación de viviendas a cargo de mafias que trafican con ellas. Esta propuesta pretende reforzar la creación de la Unidad de Mediación Vecinal de la Policía Local de Torrejón de Ardoz y del Servicio Técnico de Convivencia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.

El alcalde, Ignacio Vázquez ha decidido impulsar nuevas actuaciones de apoyo a los vecinos que sufren las consecuencias de las ocupaciones de viviendas a cargo de mafias que ocupan ilegalmente éstas y trafican con ellas, como ha sido la creación de la Unidad de Mediación Vecinal de la Policía Local de Torrejón de Ardoz y del Servicio Técnico de Convivencia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, por lo que deben de dotarse a éstos de más medios para mejorar su eficacia.

Por otro lado en la propuesta aprobada en el Pleno municipal se recordó que este Ayuntamiento ha sido pionero en España al crear una nueva Tasa por Prevención y Vigilancia Especial de Viviendas para aplicar un gravamen de aproximadamente 700 € anuales a las entidades bancarias por cada una de las viviendas vacías que tienen y que generan problemas de convivencia a los vecinos.

El alcalde de Torrejón destacó que “desde el Gobierno local que dirijo siempre vamos a estar del lado de los vecinos y en contra de estas mafias que ocasionan problemas muy serios de convivencia y que se aprovechan de la mala situación económica de algunas personas”.

También en el transcurso del Pleno el portavoz del Gobierno local expresó su satisfacción porque se haya aprobado el desalojo exprés de las viviendas de particulares ocupadas, recientemente a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PP y Ciudadanos y con el voto en contra del PSOE y Unidos Podemos. La normativa contempla la comunicación a los servicios públicos competentes en materia de política social cuando se fija la fecha para la ejecución del desahucio estableciéndose un plazo de 7 días para que estos servicios públicos puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

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