Torres de la Alameda contará con una delegación territorial de la Junta Arbitral Regional de consumo

Torres de la Alameda contará con una delegación territorial de la Junta Arbitral Regional de consumo

El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para la creación de la delegación territorial de la Junta Arbitral Regional de Consumo en Torres de la Alameda.

Ambas instituciones se comprometen a emprender las acciones pertinentes para facilitar el acceso a todos los ciudadanos y empresas del municipio a las audiencias arbitrales de la Junta Arbitral Regional de Consumo desde la sede del Ayuntamiento.

El Registro del Ayuntamiento recogerá las solicitudes de arbitraje y cualquier otra comunicación relacionada con los procesos arbitrales, estas solicitudes serán trasladadas en un plazo máximo de 7 días a la sede de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid para su correspondiente tramitación.

El Ayuntamiento facilitará los impresos, solicitudes y folletos que facilite la Junta Arbitral de Consumo a todos los ciudadanos que lo soliciten.

Las Juntas Arbitrales de consumo permiten resolver los conflictos que surjan entre un consumidor y una empresa de una manera extrajudicial, gratuita, sencilla, rápida y voluntaria. Si el consumidor decide resolver el conflicto mediante el arbitraje ya no podrá acudir a la vía judicial.

 

Para la presentación por escrito de la solicitud de arbitraje, es necesario cumplimentar el impreso que le será facilitado en una oficina municipal de información, en las asociaciones de consumidoresadheridas al sistema arbitral, en la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid o en esta página web. El escrito debe ser claro y conciso, concretando la petición, y debe ir acompañado de la documentación que estime necesaria(facturas,contratos,publicidad…).

Admisión de la solicitud de arbitraje. El presidente de la junta arbitral tiene que admitir o rechazar la solicitud de arbitraje en el plazo máximo de un mes. Si no la admite, se notificarán al consumidor los motivos.

En caso de que la junta admita la solicitud, si la empresa está adherida al sistema arbitral, pasa directamente a trámite. Si no está adherida, se remite a la empresa para que elija si la acepta en ese caso concreto. Si no acepta el arbitraje, el expediente se archiva en esta vía, por lo que el consumidor, para solucionar su problema, debe dirigirse a los tribunales de justicia.

Mediación. La Junta Arbitral de Consumo intenta que las partes alcancen un acuerdo sin necesidad de contar con la intervención de los árbitros, salvo que alguna de ellas se oponga a este trámite.

Designación del órgano arbitral. Si el conflicto no se resuelve con la mediación y la empresa está adherida al sistema arbitral o acepta, para ese caso, someter la cuestión a arbitraje, el presidente designa un órgano arbitral para conocer el asunto. Este puede estar constituido por uno o por tres árbitros.

La audiencia. Tras designarse el órgano arbitral, se establece una fecha y un lugar para la audiencia, que puede ser presencial (personalmente o a través de un representante), escrita (las partes remiten a la junta arbitral sus alegaciones por escrito), por videoconferencia o por medios electrónicos.

Durante la vista, las partes (consumidor y empresario) pueden exponer sus alegaciones y aportar las pruebas y la documentación que consideren convenientes. Además, el órgano arbitral puede acordar la realización de las pruebas que considere oportunas (de oficio o a propuesta de las partes). Los gastos ocasionados por la realización de las pruebas los paga la parte que la haya propuesto.

Laudo dictado por el colegio arbitral. Después de examinar toda la documentación, el tribunal arbitral pone fin a la controversia emitiendo una resolución denominada laudo, que obliga a las dos partes a su cumplimiento y es ejecutivo desde su notificación. En caso de que una de las partes incumpla el laudo, la otra puede solicitar su ejecución ante el juez de primera instancia del lugar donde se haya dictado. El laudo cierra la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia por la misma causa.

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