Los Ayuntamientos del Corredor del Henares aprobarán mociones para frenar las prácticas racistas y xenófobas en sus municipios

Los Ayuntamientos del Corredor del Henares aprobarán mociones para frenar las prácticas racistas y xenófobas en sus municipios

La presencia de grupos racistas en algunas instituciones locales del Corredor del Henares, y las actividades de discriminación que promueven, constituyen situaciones excepcionales en el conjunto de nuestra Región y del Estado. Esta amenaza contra los valores democráticos y los derechos humanos constituye una situación inaceptable sobre la que las instituciones locales deben intervenir.

Las mociones propuestas y aprobadas en los municipios de Velilla de San Antonio, San Fernando de Henares y Torres de la Alameda, denuncian el relato que hacen estos grupos para explicar la precarización de tantas víctimas, achacando su ruina y desgracia a falsos privilegios otorgados a las personas que llegan huyendo de la miseria y las guerras que muchas veces provocan o apoyan los gobiernos en lejanos lugares.

Las decenas de colectivos sociales y políticos que vienen trabajando contra estas prácticas desde la Unidad Contra el Fascismo y Racismo (UCFR), y que están  trasladando a los plenos municipales de los municipios de nuestra comarca, diferentes mociones que pretenden poner fin a prácticas antidemocráticas y discriminatorias, que en ocasiones constituyen delitos.

Los ayuntamientos deben ser herramientas activas en la promoción de los derechos humanos, en la defensa de los principios democráticos y en la denuncia de cualquier práctica racista o discriminatoria.

Las causas de la actual ruina del país y de una gran parte de los habitantes, se encuentra en el saqueo practicado por los bancos, por los defraudadores fiscales. 

Que se ponga fin al intento de estos grupos racistas de enfrentar entre si a diferentes grupos de víctimas. Todas ellas tienen los mismos o similares verdugos, siendo necesario que los ayuntamientos colaboren a poner freno a esta estafa democrática, como ya lo han hecho en otros lugares del Estado como Catalunya. Frenar el racismo y la discriminación debería ser una obligación de cualquier demócrata más allá de sus particulares convicciones o credos.

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