La Guardia Civil  detiene a 12 personas, tras desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala

La Guardia Civil detiene a 12 personas, tras desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala

Doce personas han sido detenidas, tras más de un año de investigación, y han sido intervenidos 2.065 kilogramos de cocaína. El grupo desarticulado había creado una red de narcotraficantes que simulaban un tejido empresarial legal para introducir grandes cantidades de sustancias estupefacientes en España. La operación ha sido desarrollada en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia.

Agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína a gran escala. Han sido aprehendidos 2.065 kilogramos de cocaína y han sido detenidas 12 personas a las que presuntamente se les acusa de introducir notorias cantidades de cocaína en España.

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Las investigaciones se iniciaron a principios del pasado 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en las provincias de Murcia y Sevilla dando lugar a la identificación de una organización criminal cuya finalidad era crear un tejido empresarial de apariencia legal, importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir, sin ser detectados, grandes cantidades de cocaína en España a través de los principales puertos españoles.

Con ese objetivo, la organización comenzó su actividad a través del Puerto de Barcelona, llegando a introducir decenas de contenedores del referido carbón.

Una vez que los contenedores llegaban a Barcelona, eran trasladados a una nave que la organización había alquilado en Tarragona, para que, posteriormente, algunos de los investigados se encargaran de realizar la descarga de la sustancia estupefaciente.

Tras varios meses, como consecuencia de las limitaciones derivadas de la pandemia del coronavirus y con el objeto de dificultar el control aduanero, los investigados se vieron obligados a cerrar dicha vía de entrada, teniendo que generar toda la infraestructura y logística nuevamente en el Puerto de Algeciras desde mediados de abril.

Durante los siguientes meses se pudo identificar plenamente a todos los componentes de la estructura criminal, estando liderada por dos familias cuyos principales miembros se encontraban en Brasil y Paraguay, desde donde gestaron toda la operativa de la importación de la cocaína.

El siguiente escalón estaba conformado por individuos que creaban empresas con la intención de simular un tráfico de mercancía legal con productos como carbón, arroz, melaza o productos sanitarios, muy demandados en la actual crisis sanitaria.

Estos últimos se encontraban afincados en Sevilla y operaban en las localidades de Marbella, Algeciras, Cádiz y la propia capital andaluza. Los líderes de la organización incluían testaferros en todas las empresas con el fin de ocultar la verdadera identidad de los mismos y obtener abundantes beneficios tras la introducción de la mercancía.

El nexo de unión entre la cúspide de la organización y la rama empresarial se consolidó en Valencia con una experta en blanqueo de capitales que canalizaba el dinero de la organización para capitalizar la operación de narcotráfico, diversificando sus métodos de actuación y ocultamiento con el uso de criptomonedas.

Esta persona era garantía de éxito, pues muchas mafias de países del este de Europa y de Sudamérica recurrían a sus servicios debido a la facilidad de ocultar el dinero originado con el tráfico de drogas, armas o la trata de personas, y darle salida para seguir financiando el crimen organizado al más alto nivel.

Debido a la alta especialización de la organización, fue necesaria la intervención de más de cien líneas telefónicas por parte de los agentes, así como numerosas vigilancias y seguimientos por numerosas provincias españolas. También fue necesario el análisis de casi 200 contenedores importados desde los puertos de Brasil y Paraguay hasta España.

40 toneladas de carbón sirvieron para ocultar la droga. Al tener la organización capacidad para operar en los puertos de Barcelona y Algeciras, se hacía muy difícil adoptar cualquier medida sobre las importaciones por el peligro de frustrar la investigación y ser descubiertos. Así, tras un análisis exhaustivo, se procedió a la apertura de uno de los contenedores que la organización había importado desde Paraguay hasta el Puerto de Algeciras, hallándose en su interior un total de 63 fardos que transportaban 2.065 kilogramos de cocaína, los cuales se encontraban ocultos entre 40 toneladas de carbón, con la clara intención de dificultar su localización.

Finalmente, se llevaron a cabo un total de 16 registros en domicilios, despachos profesionales y establecimientos, procediendo a la detención de doce personas y a la investigación de otras tres, habiéndose emitido, además, órdenes internacionales de detención para los ahora imputados, y que se encuentran pendientes de responder ante la autoridad judicial competente.

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    Tras estas primeras indagaciones fue abierta una causa judicial en territorio galo, en la que se investigaban delitos de estafa cometidos por banda organizada, defraudación de IVA, falsedad documental, abuso de activos corporativos y blanqueo de capitales. En la misma, se vinculaban un total de 66 empresas establecidas por parte de los principales investigados, habiendo detectado en dicho momento una cuantía de casi 340.000 euros defraudados a través de las mismas.

    Sin embargo a mediados del pasado año, cuando la Gendarmería pretendía explotar la información lograda en la investigación para iniciar las diligencias acordadas por la autoridad judicial, tuvieron conocimiento que los líderes de la organización investigada habían abandonado el país galo precipitadamente, y que su destino podría ser la Costa Dorada en España.

    Por ello, tras recibirse una solicitud de cooperación policial, la Guardia Civil de Tarragona inició una investigación al objeto de localizar a las personas relacionadas en la investigación, ubicándolas en diversas localidades de la provincia. Tras diversos meses de investigación la Guardia Civil pudo detectar que se había establecido una "base de operaciones" en la provincia de Tarragona, habiendo adquirido los investigados toda la logística necesaria para desarrollar sus actividades ilícitas desde España.

    Esta logística comprendía inmuebles para residir y otros de seguridad adquiridos para los colaboradores que se encontraban en Francia, de tal forma que, cuando acudieran a nuestro país, pudieran mantener reuniones con los investigados en un alojamiento distinto al de su residencia. Asimismo, adquirieron vehículos para desplazarse y numerosos terminales telefónicos e informáticos para continuar con el desarrollo de la actividad ilícita desde nuestro país.

    Toda la información obtenida por parte de los investigadores de la Guardia Civil fue remitida a los investigadores franceses, constituyendo un Equipo Conjunto de Investigación integrado por Guardia Civil, Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas de Francia, encaminado a integrar toda la información obtenida, elaborar la misma y plasmarla en las diligencias judiciales oportunas. Tras este proceso de investigación con junta se localizaron 150 mercantiles, cuantificando el fraude de IVA cometido a través de las mismas en un total de 1,5 millones de euros, así como 2,9 millones a través de la estafa cometida con contratos de leasing con 100 vehículos implicados.

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    Sorprendidos mientras almacenaban el material sustraído. El pasado domingo 9 de mayo, los agentes pertenecientes a la brigada local de seguridad ciudadana, sorprendieron a varias personas trasladando al interior de un domicilio numerosas cajas rotuladas con el logotipo de una misma empresa.

    Los agentes identificaron a tres individos y constataron la coincidencia con la denuncia interpuesta por el comercio localizad o en Valdemoro y el material encontrado. Las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial.