Han sido detenidos siete integrantes de la organización, incluidos sus responsables, y se han practicado 3 registros en España y en Francia. La organización criminal defraudó un total de 4,5 millones de euros con fraudes al IVA y estafas en contratos de leasing de vehículos. Los líderes de la organización, que operaban desde territorio galo, habían trasladado su base de operaciones a la costa tarraconense para evitar la acción de la justicia francesa. Para el fraude habían creado más de 150 mercantiles ficticias que operaban con documentación falsa en Francia, España y Bélgica.
En el marco de la operación ACUARIOS, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, la Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas Galo, se ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al fraude fiscal a través de la compraventa simulada de vehículos, la venta ilegal a terceras personas de vehículos adquiridos mediante leasing y la simulación de contratos para realizar el fraude del carrusel del IVA.
La operación desarrollada de manera simultánea en Francia y España se ha saldado con la detención de 7 integrantes de la organización, 3 en España y 4 en Francia, realizando 3 registros en domicilios y mercantiles en dos localidades de la costa Tarraconense. En total se ha intervenido 40.500 euros en metálico, 9 vehículos de alta gama, material informático, más de 75 dispositivos móviles y 11 dispositivos informáticos, así como abundante documentación relacionada con la operación.
La investigación se inició en el año 2019 en Francia, a raíz de la detección en dicho país de varias operaciones mercantiles sospechosas, por parte de empresas de reciente creación. Tras iniciar las primeras indagaciones, los investigadores franceses pudieron comprobar que las facturas se encontraban falsificadas, bien en la emisión de las mismas, o bien respecto a la empresa que presuntamente las emitía.
Las primeras indagaciones, permitieron a los investigadores detectar vinculaciones entre varias empresas que realizaban una operativa similar, poseyendo las mismas diversos elementos en común, tanto a través de los administradores de éstas como por los elementos financieros necesarios para desarrollar la actividad. Asimismo, se detectó la vinculación de las mercantiles a dos individuos residentes en dicho país, los cuales ya eran conocidos por los investigadores al poseer antecedentes policiales anteriores por hechos similares.
Esta primera investigación puso de relieve que paralelamente al fraude fiscal, se habían creado múltiples mercantiles ficticias administradas por testaferros, para realizar estafas mediante el alquiler de vehículos. De esta manera, mediante un contrato de alquiler a largo plazo, se hacían con diferentes vehículos de la flota de alquiler, que luego vendían como si fuesen los propietarios legítimos y sin pagar el alquiler adeudado a la empresa suministradora.
Tras estas primeras indagaciones fue abierta una causa judicial en territorio galo, en la que se investigaban delitos de estafa cometidos por banda organizada, defraudación de IVA, falsedad documental, abuso de activos corporativos y blanqueo de capitales. En la misma, se vinculaban un total de 66 empresas establecidas por parte de los principales investigados, habiendo detectado en dicho momento una cuantía de casi 340.000 euros defraudados a través de las mismas.
Sin embargo a mediados del pasado año, cuando la Gendarmería pretendía explotar la información lograda en la investigación para iniciar las diligencias acordadas por la autoridad judicial, tuvieron conocimiento que los líderes de la organización investigada habían abandonado el país galo precipitadamente, y que su destino podría ser la Costa Dorada en España.
Por ello, tras recibirse una solicitud de cooperación policial, la Guardia Civil de Tarragona inició una investigación al objeto de localizar a las personas relacionadas en la investigación, ubicándolas en diversas localidades de la provincia. Tras diversos meses de investigación la Guardia Civil pudo detectar que se había establecido una "base de operaciones" en la provincia de Tarragona, habiendo adquirido los investigados toda la logística necesaria para desarrollar sus actividades ilícitas desde España.
Esta logística comprendía inmuebles para residir y otros de seguridad adquiridos para los colaboradores que se encontraban en Francia, de tal forma que, cuando acudieran a nuestro país, pudieran mantener reuniones con los investigados en un alojamiento distinto al de su residencia. Asimismo, adquirieron vehículos para desplazarse y numerosos terminales telefónicos e informáticos para continuar con el desarrollo de la actividad ilícita desde nuestro país.
Toda la información obtenida por parte de los investigadores de la Guardia Civil fue remitida a los investigadores franceses, constituyendo un Equipo Conjunto de Investigación integrado por Guardia Civil, Gendarmería Francesa y el Servicio Nacional de Aduanas de Francia, encaminado a integrar toda la información obtenida, elaborar la misma y plasmarla en las diligencias judiciales oportunas. Tras este proceso de investigación con junta se localizaron 150 mercantiles, cuantificando el fraude de IVA cometido a través de las mismas en un total de 1,5 millones de euros, así como 2,9 millones a través de la estafa cometida con contratos de leasing con 100 vehículos implicados.
A finales del mes de mayo se realizaron registros simultáneos en España y en Francia con el objetivo de desarticular la organización criminal investigada.
Durante la práctica de la entrada de uno de los domicilios realizados en la provincia de Tarragona, uno de los investigados, quien resultaba ser el líder de la organización, trató de huir saltando al jardín de la vivienda contigua, siendo interceptado y reducido rápidamente gracias al cerco policial que se había establecido previamente. El detenido, de nacionalidad libanesa, trataba de escapar con una gran cantidad de dinero, de la que resultó ser la base de operaciones de la Organización Criminal.
Durante los registros efectuados en España se hallaron 55 terminales móviles, 4 ordenadores portátiles y una enorme cantidad de contratos de leasing de vehículos, indicios que avalaban la investigación previa del equipo conjunto franco-español. En total, entre las actuaciones efectuadas en ambos países se han interviniendo 40.500 euros en metálico, 9 vehículos de alta gama, material informático, más de 75 dispositivos móviles y 11 dispositivos informáticos y abundante documentación relacionada con la defraudación de 4,5 millones de Euros.
Los tres detenidos en España, tras ser presentados en la Audiencia Nacional, fueron ingresados en prisión pendientes de su extradición a Francia, donde serán puestos a disposición de la justicia francesa por los delitos cometidos. Con respecto a los cuatro detenidos de los registros en Francia, les fue solicitada la prisión provisional por el juzgado que entiende de la causa.
